La presidenta de REDI alertó sobre la gravedad de las políticas oficiales y destacó la importancia del fallo judicial que declaró inconstitucional el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En diálogo con Florencia Basso en el programa DNU, la exdiputada nacional Gabriela Troiano remarcó la necesidad de sostener la movilización social, la presión parlamentaria y la acción judicial para frenar un retroceso que afecta la salud, la autonomía y la dignidad de miles de personas con discapacidad en la Argentina.
La presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Gabriela Troiano, advirtió en RadioUNTDF sobre la profundización de la vulnerabilidad que enfrentan las personas con discapacidad frente a las medidas del gobierno nacional. “Estamos ante un retroceso que no es solo económico, sino también simbólico, porque se las vuelve a ubicar como enfermas y no como sujetos de derechos”, señaló en diálogo con Florencia Basso.
Troiano se refirió al reciente fallo del juez federal de Campana que declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, presentado en el marco de un amparo familiar. La dirigente sostuvo que este antecedente judicial “visibiliza cómo se están lesionando derechos fundamentales como la salud, la educación y el transporte” y recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango constitucional en la Argentina.
En la entrevista, la referente de REDI cuestionó además la eliminación de más de 110.000 pensiones no contributivas y las restricciones en la emisión de los Certificados Únicos de Discapacidad, medidas que “cercenan la autonomía y la independencia de miles de personas” denunció, y amplió “las auditorías que se realizan en el país carecen de garantías básicas y terminan estigmatizando a quienes deberían ser protegidos por el Estado”.
Troiano destacó que las organizaciones de la sociedad civil, junto con organismos de derechos humanos, vienen presentando informes y denuncias ante Naciones Unidas. “La comunidad internacional ya puso la mira sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, y la participación de las organizaciones no gubernamentales es clave para exponer el incumplimiento del Estado”, subrayó.
Finalmente, la ex diputada nacional, convocó a sumarse a las acciones previstas para visibilizar el reclamo: la vigilia en Plaza de Mayo el 19 de agosto y la movilización al Congreso el 20. “No se trata solo de las personas con discapacidad: lo que está en juego es la dignidad de toda la ciudadanía. Frente al ajuste y la estigmatización, necesitamos unidad y compromiso colectivo”, concluyó.