Analizamos la situación con Margarita Trovato, del CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales del Área Litigio y Defensa Legal; abogada especialista en derechos humanos (UBA) y docente.
«Este decreto afecta el derecho al acceso a la información, complejiza la naturaleza de la ley en contra de todos los estándares internacionales».